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Por irregularidades de funcionarios públicos, la CEDH emite recomendación al Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Zitácuaro.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió una recomendación dirigida al Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, y al Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, por la irregularidad de varios funcionarios en el esclarecimiento de un hecho dónde se violaron los derechos de un ciudadano, que fue detenido sin existir causa o justificación fundada para ello.

La recomendación 005/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acreditó que estás dependencias no proporcionaron la información correspondiente para que se esclareciera la detención de una persona el pasado mes de noviembre del 2019, en la tenencia de San Felipe de los Alzati, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con el documento, señala que en su declaración ante el ombudsman encargado de vigilar los derechos de los ciudadanos, el afectado detalla que en la fecha arriba descrita, fue interceptado y detenido por elementos de la Policía Michoacán, cuando viajaba a bordo de su automóvil sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de San Felipe, argumentando que su auto había sido detectado en uno de los arcos del C5 y estaba involucrado en un hecho delictuoso (sin especificar cuál).

Tras bajarlo de la unidad, fue esposado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, donde fue interrogado sobre la adquisición del automotor y desde cuándo lo tenía, el afectado respondió a los cuestionamientos, agregando que apenas había estado en la capital michoacána y no lo habían detenido, por ello, preguntaba si el mandato era en este Estado, o en alguna otra entidad federativa, la respuesta era que el problema lo tenía en Michoacán.

Horas después de su detención, un familiar se presentó en las instalaciones de la Fiscalía, para preguntar por él, sin embargo, siempre negaron que estuviera detenido en esa dependencia, no obstante, durante ese lapso, elementos de esa la Fiscalía vestidos de civil, lo intimidaban, tomándole fotos y diciéndole que lo iban a trasladar a Morelia al área de secuestros para ser investigado.

Cerca de las nueve de la noche, fue puesto en libertad, pero le retuvieron su automóvil y sus pertenecías, y tampoco le aclararon cuál era el delito en el que supuestamente estaba involucrado el vehículo, ante tal situación, el afectado decidió presentar una denuncia penal y una queja en la CEDH, para que se investigara el caso, ya que lo dejaron en un estado de indefensión, dañando su imagen a haber filtrado la información a los medios de comunicación.

Tras presentar la queja, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acreditó que varios funcionarios de la Fiscalía y Policía Michoacán, violentaron el acceso del derecho a la justicia, al haber negado en tiempo y forma la información solicitada para esclarecer la detención personal del quejoso y la detención del vehículo en cuestión.

Contrario a esto, y en lugar de brindar los datos solicitados, las dependencias calificaron la declaración del afectado como arbitrarias y de mala fe, e incluso aseguraron que la CEDH, no tenía facultad para solicitar esa información, olvidando que si bien es cierto, la Comisión no es una autoridad para demostrar o castigar la culpabilidad de las acciones de los funcionarios públicos, si tiene competencia para estudiar y analizar el actuar de las autoridades señaladas a fin de establecer si se violentaron los derechos humanos de los ciudadanos, dados los tratados internacionales suscritos en el Estado Mexicano, que existen en cuanto a protección de libertades.

En ese contexto y como normalmente ha sucedido en otros casos, la Policía Michoacán y la Fiscalía, no pudieron acreditar la legalidad de la actuación de sus elementos al retener al quejoso para interrogarlo y mantener en resguardo sus pertenencias, es decir, no se considera que estos no cuenten con atribuciones para ello.

Sin embargo ante la omisión de fundar y motivar su actuación al rendir el informe que le fuera solicitado, y no aportar durante la investigación ningún medio de prueba para acreditar la legalidad de los hechos en que estuvo involucrada, omitiendo incluso, el brindar a ese organismo la información que le fuera solicitada para el esclarecimiento de los hechos, es de considerarse (y se considera), que sí hubo violación a los Derechos Humanos del quejoso por parte de los elementos adscritos a la Fiscalía Regional de Zitácuaro que lo retuvieron para interrogarlo a principios del mes de noviembre del 2019, manteniendo aseguradas sus pertenencias, no obstante de haber acreditado este la propiedad de las mismas.

Por otro lado, la CEDH, considera como ciertos la violación a los derechos del afectado, ya que también el director de la unidad especializada de combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado, ignoró la solicitud de la Comisión, y no remitió la información solicitada, incluso, los datos emitidos por las autoridades son ambiguos e imprecisos, ya que según con la directora de litigación de está misma área, no tienen registro alguno sobre el aseguramiento del vehículo, mientras que el ministerio público de esta unidad, pide que para darle seguimiento al asunto, se envíe el mandato judicial de la salvaguardia del vehículo.

Es decir, por un lado el ministerio público pide el mandato judicial que permitiera la detención del automóvil el día que fue interceptado por la policía, y por otro, dicen no tener ningún dato de que el automotor haya sido detenido, dejando claro que la detención se dio de manera arbitraria y abusiva.

Ante ello, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, urgió al Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, para que investigue a los elementos de la Policía Michoacán adscritos a la región de Zitácuaro, y sean sancionados conforme a la normatividad aplicable, pero además, deberá de informar a la Comisión cuando inicien la investigación, la conclusión de la misma y la resolución que se emita.

En cuanto al Fiscal General, Adrián López Solís, deberá de dar vista al Director de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, para que inicie con las investigaciones en contra de la entonces agente del ministerio público de la unidad de investigación de Nueva Italia, de la que se comprobó su participación en este hecho, para que sea sancionada conforme a derecho, y también tendrá que informar sobre los avances del procedimiento.

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